Meglia: "Frente a un gobierno nacional que ataca a los débiles, hay un gobierno bonaerense que abraza".
Por Bernarda Meglia
Subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.
Frente a un gobierno nacional que golpea y excluye, el gobierno bonaerense abraza y acompaña.
Durante las últimas dos semanas, producto de los audios que se conocieron del ahora ex titular de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), las políticas regresivas del gobierno nacional contra las personas con discapacidad tomaron una notoriedad mayor, ocupando exponencialmente horas y líneas en los medios de comunicación tradicionales y en redes sociales.
Sin embargo, el ataque a este sector de nuestra población comenzó mucho antes. Como primer hito, tristemente célebre, hay que remontarse a julio de 2024 cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su encuentro diario con el periodismo, presentó la radiografía de un perro, arguyendo que había sido utilizada para tramitar una pensión por invalidez. Más tarde, el ex titular de la ANDIS desmintió esa información y confirmó que esa solicitud nunca había sido aceptada y la pensión no se había otorgado. Esta aclaración no ocupó tapas ni fue noticia en los medios. Pero ya estaba en marcha la construcción del relato, ya estaba urdiéndose la estrategia para justificar una auditoría masiva, que finalmente redundaría en el recorte de las pensiones por discapacidad.
Durante ese mismo mes, a través del decreto 595/2024, el presidente Milei trasladó la ANDIS de la órbita de Jefatura de Gabinete de Ministros al Ministerio de Salud de la Nación y cambió la perspectiva, abriendo una mirada médico-hegemónica de la discapacidad, entendida como un problema de salud, a contramano de lo sostenido por las organizaciones y organismos internacionales.
Contraria a esta visión, el modelo social predominante hoy en esos organismos entiende que la discapacidad no reside en la condición individual de las personas, sino en las barreras sociales que limitan su participación plena y efectiva en la comunidad y se evidencia en las normativas internacionales, las cuales exigen a los gobiernos que el organismo que rige y regula la materia se encuentre en el ámbito de mayor decisión.
Así las cosas, resulta contradictorio, por un lado, el interés del presidente de abrir el país al mundo y, por otro, actuar contra los estándares internacionales en materia de discapacidad que establecen criterios claros. Al degradar la jerarquía institucional de la ANDIS, no solo se aparta de las recomendaciones internacionales, sino que se transforma al organismo en un factor de retroceso respecto de los avances construidos históricamente en nuestro país. Avances que fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las propias personas con discapacidad comprometidas con una perspectiva de derechos.
Dos meses después, en septiembre de 2024, e insistiendo en la contradicción, a través del decreto 843/2024, el poder ejecutivo modificó los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, mal llamadas “pensiones por invalidez laboral”. Los cambios que se introdujeron a partir de ese momento implicaron un retroceso en materia de derechos humanos, violando derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), a la cual nuestra nación adhirió en 2008 y le otorgó rango constitucional.
Subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.
Frente a un gobierno nacional que golpea y excluye, el gobierno bonaerense abraza y acompaña.
Durante las últimas dos semanas, producto de los audios que se conocieron del ahora ex titular de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), las políticas regresivas del gobierno nacional contra las personas con discapacidad tomaron una notoriedad mayor, ocupando exponencialmente horas y líneas en los medios de comunicación tradicionales y en redes sociales.
Sin embargo, el ataque a este sector de nuestra población comenzó mucho antes. Como primer hito, tristemente célebre, hay que remontarse a julio de 2024 cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su encuentro diario con el periodismo, presentó la radiografía de un perro, arguyendo que había sido utilizada para tramitar una pensión por invalidez. Más tarde, el ex titular de la ANDIS desmintió esa información y confirmó que esa solicitud nunca había sido aceptada y la pensión no se había otorgado. Esta aclaración no ocupó tapas ni fue noticia en los medios. Pero ya estaba en marcha la construcción del relato, ya estaba urdiéndose la estrategia para justificar una auditoría masiva, que finalmente redundaría en el recorte de las pensiones por discapacidad.
Durante ese mismo mes, a través del decreto 595/2024, el presidente Milei trasladó la ANDIS de la órbita de Jefatura de Gabinete de Ministros al Ministerio de Salud de la Nación y cambió la perspectiva, abriendo una mirada médico-hegemónica de la discapacidad, entendida como un problema de salud, a contramano de lo sostenido por las organizaciones y organismos internacionales.
Contraria a esta visión, el modelo social predominante hoy en esos organismos entiende que la discapacidad no reside en la condición individual de las personas, sino en las barreras sociales que limitan su participación plena y efectiva en la comunidad y se evidencia en las normativas internacionales, las cuales exigen a los gobiernos que el organismo que rige y regula la materia se encuentre en el ámbito de mayor decisión.
Así las cosas, resulta contradictorio, por un lado, el interés del presidente de abrir el país al mundo y, por otro, actuar contra los estándares internacionales en materia de discapacidad que establecen criterios claros. Al degradar la jerarquía institucional de la ANDIS, no solo se aparta de las recomendaciones internacionales, sino que se transforma al organismo en un factor de retroceso respecto de los avances construidos históricamente en nuestro país. Avances que fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las propias personas con discapacidad comprometidas con una perspectiva de derechos.
Dos meses después, en septiembre de 2024, e insistiendo en la contradicción, a través del decreto 843/2024, el poder ejecutivo modificó los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, mal llamadas “pensiones por invalidez laboral”. Los cambios que se introdujeron a partir de ese momento implicaron un retroceso en materia de derechos humanos, violando derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), a la cual nuestra nación adhirió en 2008 y le otorgó rango constitucional.
Imagenes de una de las innumerables protestas contra el ajuste del gobierno de Milei.
"El presidente y su hermana no están buscando el preciado equilibrio fiscal, sino favorecer a sus amigos, robándole a los que no pueden defenderse, a los olvidados, a los inermes".
Entre los cambios más regresivos, este decreto establece que, para poder acceder a la pensión, es necesario acreditar un porcentaje de incapacidad laboral del 66%.
Esta arbitrariedad ignora que el principio fundamental de la exclusión del mercado de trabajo de las personas con discapacidad no responde únicamente a variables biomédicas, sino a barreras sociales, culturales y estructurales; al tiempo que determina y exige que la persona no pueda tener familiares obligados legalmente a proporcionar sustento económico.
¿Qué otra cosa es este decreto más que una vulneración de los más débiles e indefensos, obstaculizando la posibilidad de una existencia digna e independiente?
Resulta innegable que, radiografías falsas, reubicación de la ANDIS e innovación inicua de criterios han preparado el escenario para comenzar un proceso de auditorías que, lejos de buscar transparencia en el sistema de otorgamiento de pensiones, necesitaba avanzar en el recorte de inversiones en el sector.
La indiferencia, lo despótico, la crueldad. Al arbitrio de lo abusivo y autoritario comenzaron las auditorías en todo el país.
Un proceso plagado de irregularidades, violando la posibilidad de defensa de las personas y los derechos humanos básicos. Se enviaron miles de cartas documento que no contemplaron la capacidad de ser comprendidas por todos los destinatarios, cartas documento que no llegaron a sus referentes por errores postales, cartas documento que citaban a presentarse en lugares no aptos, como casas particulares y comercios, cartas documento que citaban a las personas a más de 200 kilómetros de su lugar de residencia. Incluso se enviaron cartas documento a personas que están institucionalizadas, evidenciando una desconexión absoluta con la realidad de los propios titulares de derechos.
Como resultado, Adorni anunció el 8 de agosto la suspensión de, hasta el momento, 110.522 pensiones que en teoría habrían sido mal otorgadas. Dentro de ese universo se encuentran quienes no pudieron defenderse: personas que nunca recibieron la carta documento, personas que no lograron conseguir turnos médicos para acreditar su situación, o que no contaban con medios económicos ni apoyos suficientes para cumplir con los requerimientos administrativos impuestos.
Actualmente, no sólo dejan de percibir el ingreso mensual, sino que pierden el acceso a Incluir Salud, un programa que provee medicamentos y terapias a miles de personas, cobertura esencial para costear los tratamientos que les permiten llevar adelante una vida digna. Sin cobertura, no hay posibilidad de garantizar derechos: no hay atención médica especializada, ni insumos, ni transporte, ni ayudas técnicas. Su desmantelamiento convierte al Estado nacional en el principal responsable de una cadena de vulneraciones que afectan la vida de quienes ya enfrentan múltiples barreras estructurales.
A esto, además, se suma el veto a la Ley de emergencia en discapacidad. Una ley que busca, entre otros puntos, recomponer los valores del sistema de prestaciones básicas, desfasados en más de un 70% y establecer una actualización mensual automática que garantice previsibilidad a los prestadores.
Esta arbitrariedad ignora que el principio fundamental de la exclusión del mercado de trabajo de las personas con discapacidad no responde únicamente a variables biomédicas, sino a barreras sociales, culturales y estructurales; al tiempo que determina y exige que la persona no pueda tener familiares obligados legalmente a proporcionar sustento económico.
¿Qué otra cosa es este decreto más que una vulneración de los más débiles e indefensos, obstaculizando la posibilidad de una existencia digna e independiente?
Resulta innegable que, radiografías falsas, reubicación de la ANDIS e innovación inicua de criterios han preparado el escenario para comenzar un proceso de auditorías que, lejos de buscar transparencia en el sistema de otorgamiento de pensiones, necesitaba avanzar en el recorte de inversiones en el sector.
La indiferencia, lo despótico, la crueldad. Al arbitrio de lo abusivo y autoritario comenzaron las auditorías en todo el país.
Un proceso plagado de irregularidades, violando la posibilidad de defensa de las personas y los derechos humanos básicos. Se enviaron miles de cartas documento que no contemplaron la capacidad de ser comprendidas por todos los destinatarios, cartas documento que no llegaron a sus referentes por errores postales, cartas documento que citaban a presentarse en lugares no aptos, como casas particulares y comercios, cartas documento que citaban a las personas a más de 200 kilómetros de su lugar de residencia. Incluso se enviaron cartas documento a personas que están institucionalizadas, evidenciando una desconexión absoluta con la realidad de los propios titulares de derechos.
Como resultado, Adorni anunció el 8 de agosto la suspensión de, hasta el momento, 110.522 pensiones que en teoría habrían sido mal otorgadas. Dentro de ese universo se encuentran quienes no pudieron defenderse: personas que nunca recibieron la carta documento, personas que no lograron conseguir turnos médicos para acreditar su situación, o que no contaban con medios económicos ni apoyos suficientes para cumplir con los requerimientos administrativos impuestos.
Actualmente, no sólo dejan de percibir el ingreso mensual, sino que pierden el acceso a Incluir Salud, un programa que provee medicamentos y terapias a miles de personas, cobertura esencial para costear los tratamientos que les permiten llevar adelante una vida digna. Sin cobertura, no hay posibilidad de garantizar derechos: no hay atención médica especializada, ni insumos, ni transporte, ni ayudas técnicas. Su desmantelamiento convierte al Estado nacional en el principal responsable de una cadena de vulneraciones que afectan la vida de quienes ya enfrentan múltiples barreras estructurales.
A esto, además, se suma el veto a la Ley de emergencia en discapacidad. Una ley que busca, entre otros puntos, recomponer los valores del sistema de prestaciones básicas, desfasados en más de un 70% y establecer una actualización mensual automática que garantice previsibilidad a los prestadores.
En tal circunstancia de crisis, dolor, angustia y desidia aparecen los audios de Diego Spagnuolo. Hasta hace unas semanas, titular de la ANDIS, los audios evidencian un sistema de coimas que implicarían a funcionarios de la agencia y de la presidencia.
Nuevamente, y para sorpresa de nadie, el presidente y su hermana no están buscando el preciado equilibrio fiscal, sino que buscan favorecer a sus amigos, robándole a los que no pueden defenderse, a los olvidados, a los inermes.
La cronología de los hechos, en relación con las pensiones por discapacidad deja expuesto que no es más que un paso más del modelo de prescindencia, de descarte, de exclusión, que tiene como finalidad la eliminación de la población más vulnerable.
Frente a esta realidad, la provincia de Buenos Aires, una vez más, demuestra estar en las antípodas del modelo que reina en la nación. Desde agosto de este año, se aumentaron en un 40% los valores de todos los programas destinados a personas con discapacidad que dependen del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad: hogares, centros de día, actividades ecuestres, vida en comunidad y talleres protegidos. Estos últimos, espacios de producción que promueven la inclusión laboral de personas con discapacidad, en los cuales los peculios, complemento al salario que reciben los trabajadores y las trabajadoras, aumentaron en un 100%.
Desde el Consejo Provincial de Discapacidad (CoProDis) hemos denunciado estas iniquidades, en la convicción de que la pensión es un derecho adquirido, constitucionalmente protegido.
No es una ayuda, es un derecho para equiparar desigualdades.
En mayo de 2025, durante la asamblea del Congreso Federal de Discapacidad (CoFeDis), desde la provincia de Buenos Aires, solicitamos la suspensión de las auditorías, contando con el aval de la mayoría de los representantes de las provincias que forman parte. Asimismo, se solicitó una audiencia con el ahora ex titular de la ANDIS para esclarecer ese procedimiento. En ningún caso recibimos respuesta.
Frente a un gobierno nacional que golpea, que excluye, que ataca a los débiles, hay un gobierno bonaerense que acompaña, que abraza y que les brinda soluciones concretas y reales, que trabaja con y para las personas con discapacidad, merecedores de una existencia en dignidad.
Nuevamente, y para sorpresa de nadie, el presidente y su hermana no están buscando el preciado equilibrio fiscal, sino que buscan favorecer a sus amigos, robándole a los que no pueden defenderse, a los olvidados, a los inermes.
La cronología de los hechos, en relación con las pensiones por discapacidad deja expuesto que no es más que un paso más del modelo de prescindencia, de descarte, de exclusión, que tiene como finalidad la eliminación de la población más vulnerable.
Frente a esta realidad, la provincia de Buenos Aires, una vez más, demuestra estar en las antípodas del modelo que reina en la nación. Desde agosto de este año, se aumentaron en un 40% los valores de todos los programas destinados a personas con discapacidad que dependen del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad: hogares, centros de día, actividades ecuestres, vida en comunidad y talleres protegidos. Estos últimos, espacios de producción que promueven la inclusión laboral de personas con discapacidad, en los cuales los peculios, complemento al salario que reciben los trabajadores y las trabajadoras, aumentaron en un 100%.
Desde el Consejo Provincial de Discapacidad (CoProDis) hemos denunciado estas iniquidades, en la convicción de que la pensión es un derecho adquirido, constitucionalmente protegido.
No es una ayuda, es un derecho para equiparar desigualdades.
En mayo de 2025, durante la asamblea del Congreso Federal de Discapacidad (CoFeDis), desde la provincia de Buenos Aires, solicitamos la suspensión de las auditorías, contando con el aval de la mayoría de los representantes de las provincias que forman parte. Asimismo, se solicitó una audiencia con el ahora ex titular de la ANDIS para esclarecer ese procedimiento. En ningún caso recibimos respuesta.
Frente a un gobierno nacional que golpea, que excluye, que ataca a los débiles, hay un gobierno bonaerense que acompaña, que abraza y que les brinda soluciones concretas y reales, que trabaja con y para las personas con discapacidad, merecedores de una existencia en dignidad.