La legisladora provincial propone un programa de asistencia y asesoramiento para hacer frente al contexto económico.
La ley busca aliviar el bolsillo de los bonaerenses a partir de un procedimiento administrativo en las oficinas municipales de Defensa al Consumidor para conciliar deudas, quitar intereses abusivos y suspender actuaciones judiciales por 90 días. Además, impulsa la educación financiera en las escuelas para dar herramientas frente a esta realidad.
La diputada provincial Ana Luz Balor presentó un proyecto orientado a brindar asistencia y asesoramiento a familias que atraviesan situaciones de morosidad vinculadas a la toma de créditos, en un contexto económico cada vez más complejo para el pueblo debido a las consecuencias del programa salvaje implementado por el presidente Milei.
La legisladora explicó que la iniciativa surgió a partir del siguiente diagnóstico: “la situación de los hogares argentinos se pone más difícil en el sostenimiento diario de afrontar gastos de servicios y comprar alimentos y necesidades de la vida diaria”, señaló.
El proyecto apunta a reformar el Código Provincial de los Derechos de Consumidores y Usuarios, incorporando el concepto de “sobreendeudamiento” como categoría específica. A su vez, propone la creación de un protocolo administrativo especial para su prevención y resolución, junto con un procedimiento judicial particular para abordar estos casos.
En sus fundamentos, la iniciativa destaca que diversos informes dan cuenta de la difícil situación económica que atraviesa la mayoría de las familias argentinas, escenario que se agravó especialmente a partir del mes de marzo. En ese sentido, se subraya que la combinación de una inflación persistente —sobre todo en alimentos, transporte y consumos básicos—, la falta de paritarias libres que son intervenidas a la baja por el gobierno y la constante caída del consumo, erosionan de forma sostenida el poder adquisitivo.
Desde 2024, advierte el proyecto, se registra además un cambio en el comportamiento de los consumidores: cada vez más hogares recurren al financiamiento para cubrir gastos corrientes esenciales, como la compra de alimentos o el pago de servicios. Esta tendencia se refleja en datos preocupantes: cerca del 60 por ciento de las familias tuvo dificultades en marzo de 2025 para cubrir la canasta básica de alimentos, y entre quienes lograron hacerlo, más del 70 por ciento dependió de ayudas estatales o de terceros.
Frente a este panorama, la medida plantea la necesidad de un abordaje integral que brinde contención a las familias y permita evitar que la morosidad impacte negativamente en la cadena de pagos —clave para el funcionamiento de la economía provincial—.
Se advierte que, en este contexto adverso, muchos hogares pueden ser empujados a situaciones de exclusión económico-financiera prolongada, incluso por más de una generación, si no existe una intervención estatal adecuada. En esa línea, la diputada sostiene con claridad la convicción de que el Estado debe intervenir dentro del marco de sus facultades para equilibrar la asimetría negocial y económica existente entre consumidores y proveedores.
El proyecto se estructura en torno a dos ejes centrales. Por un lado, la creación de un procedimiento administrativo que promueva instancias de negociación entre las partes, incluyendo la suspensión de embargos por un plazo de 90 días. Por otro, la incorporación en la enseñanza oficial de contenidos vinculados a la toma de créditos, con el objetivo de garantizar información clara y herramientas de decisión para la ciudadanía.
Se inscribe así en una perspectiva que entiende que la política debe dar respuestas concretas a los problemas reales de la sociedad. En un contexto donde algunos insisten en las recetas de la “mano invisible del mercado”, este tipo de propuestas reafirma la importancia de un Estado presente, capaz de proteger a su pueblo y de impulsar leyes que pongan en el centro a las mayorías, garantizando derechos y construyendo una comunidad más justa y solidaria.